Reflexionando sobre la Ley Sinde

¿Qué es la Ley Sinde?

La Ley Sinde es el nombre informal, derivado de la actual Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde principal impulsora de la nueva medida,  con el cual se conoce a un apartado particular de la Ley de Economía Sostenible en que el Gobierno propone una serie de cambios que afectan a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El objetivo es regular los derechos de propiedad intelectual en Internet a través de un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura que se llamará Comisión de Propiedad Intelectual y que, previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, tendrà la potestad de bloquear y cerrar páginas Internet que vulneren los derechos propiedad intelectual. 

¿Como funciona la Ley Sinde?

Para que la Comisión de Propiedad Intelectual actúe, debe recibir una denuncia que puede ser de particulares, cantantes, bandas, directores, como de una discográfica, estudio de cine, televisión, o sus respectivos representantes. Tras determinar si hay falta o no, y en el caso que haya, hay dos vías a recorrer:

  • El responsable de los contenidos que supuestamente vulneran la propiedad intelectual o aquellos que hospedan el contenido o aquel proveedor de acceso al que está conectado un servidor que hospeda los contenidos, inclusive quien los publicó, tiene 48 horas para retirar el contenido en cuestión. Esto se hace por medio de una petición en la que no intercede ningún organismo jurídico. 

En caso de no retirarse ocurre lo siguiente:

  • Plazo de 2 días para que se presenten las pruebas del lado de quien demanda y del lado de quien es demandado, que se niega a retirar el contenido.
  • Plazo de 5 días para presentar las conclusiones de las pruebas introducidas por las partes.
  • La Comisión de Propiedad Intelectual tiene un plazo de 3 días para dictar resolución.
  • Tal resolución se presenta nuevamente a un juez quien la autoriza o no. 

o, la segunda via:

  • Acudir a un juez para obtener una orden judicial por medio de la cual se piden los datos de aquel o aquellos que cometen la infracción al proveedor de servicios (generalmente será una empresa de hosting que opere dentro de España) y para que se retire el contenido que vulnera los derechos de propiedad intelectual. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo tienen 24 horas para autorizar o no. El juez puede negarse si afecta al Artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución Española.

La norma fue eliminada en el proceso de aprobación parlamentaria del proyecto de ley, sin embargo fue recuperada y aprobada en el Senado gracias a la ayuda del PP y CiU. El 15 de febrero de 2011 fue finalmente aprobada por el Congreso. El 5 de marzo de 2011 fue publicada en el BOE entrando en vigor el 6 de marzo de 2011. A nivel operativo será probablemente activa a partir del verano 2011.

A favor de la Ley Sinde

Los defensores de la denominada Ley Sinde pretenden regular las descargas de Internet de contenidos con copyright en España.

Su principal argumento es que los creadores y los artistas tienen que tener garantizados los derechos de propiedad intelectual de sus obras y poder así vivir de su trabajo. Según las declaraciones tanto de la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, principal impulsora de esta nueva medida, como de otras personas que se posicionan a favor de la Ley Sinde el objetivo es lo de prestar una especial atención a las formas de explotación de contenidos culturales surgidas por el desarrollo de Internet garantizando el derecho de acceso a la cultura y las máximas garantías jurídicas para la explotación de los contenidos culturales permitiendo el desarrollo de una industria cultural sostenible que condene las practicas de vulneración de los derechos de propiedad intelectual en España y garantizar así el crecimiento del sector cultural, un sector económicamente significativo que abarca casi el 4% del PIB.

La medida, que prevé el cierre de las paginas Internet que ofrecen gratuitamente, directamente o a través de enlaces, contenidos culturales protegidos con copyright, tiene el apoyo del Gobierno, de la industria cultural tradicional y de numerosos artistas/creadores. La industria cultural no solo apoya la nueva ley sino que desde tiempo pedía al gobierno una “ley antidescargas” que garantizase el respeto de la profesión y el reconocimiento de su aportación económica al país. Está representada por La Coalición de Creadores integrada por entidades como la Sociedad General de Autores (SGAE), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la asociación de Productores de Música de España, (Promusicae). Dentro de la industria cultural, el más convencido defensor de la Ley Sinde Eduardo Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que considera que la ley es “amable” en comparación con otras normativas como las de Francia y Reino Unido y que considera que los consumidores tienen que aceptar que vivimos en una economía de mercado garantizada por la Constitución, en la que las cosas tiene un precio y sólo el Estado puede decir que la cultura sea gratis. Otro arduo, aunque menos polémico, defensor es el nuevo Presidente de la Academia de Cine, el productor y distribuidor Enrique González Macho.

Muchos artistas también se han posicionado a favor de la ley Sinde encabezados por el músico Alejandro Sanz que, además de afirmar que “los derechos de los creadores son legítimos”, ha hecho declaraciones contundentes cuales pedir a los que están en contra de la norma que “demuestren que están a favor de los derechos. De los derechos de los niños con Sida en África a tener medicación a su alcance” o afirmar que “los fascistas y los peseteros son ustedes que le impiden a los nuevos talentos tener un futuro”. Otros nombres de la cultura como David Bisbal, Javier Bardem, Javier Marías, Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Almudena Grandes, Juan José Millás o Fernando Savater se han posicionado también a favor.

Internacionalmente, a nivel político Bruselas está elaborando el Acuerdo comercial anti-falsificación o ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), un gran tratado internacional que busca defender las obras protegidas por copyright así como acabar con la falsificación de bienes físicos. Otros paises europeos también han elaborado sus medidas, la más dura y controvertida siendo la ley Hadopi, aplicada en Francia. EEUU es, según recientes documentos proporcionados por Wikileaks, la gran potencia, tanto a nivel político como comercial, que ha empujado la ley Sinde.

En contra de la Ley Sinde

Desde la presentación del anteproyecto de la denominada Ley Sinde, muchas han sido las voces que se han manifestado en su contra: usuarios – un termino bastante vago que incluye desde blogueros, creadores en Internet, periodistas, hackers hasta cualquier persona que utiliza Internet -, asociaciones de consumidores, periódicos, partidos, abogados, representantes de la industria cultural más innovadora y artistas y creadores.

Internet, con la ayuda de las redes sociales, ha sido el teatro de numerosas movilizaciones sociales que han dado lugar a varios sitios web como sindegate.net, hacktivistas.net – recientes autores del “Manual de desobediencia de la Ley Sinde” y conectados con el potente grupo de hackers Anonymous –  o nolesvotes.com, a un manifiesto por los derechos en Internet y a manifestaciones en la calle en contra de la nueva medida.

Dentro de los que están en contra de la Ley Sinde existen varios grados de oposición, pero hay unos puntos en los que todos coinciden.

Una de las mayores polémicas gira en torno al papel del juez en el proceso del cierre de páginas web. Desde el principio, la norma preveía la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que sería la encargada de vigilar y denunciar las páginas que supuestamente cometen violación de derechos de autor. La redacción original de la ley Sinde permitía a la Comisión exigir a las operadoras toda la información sobre los sospechosos, investigar el caso y decidir las medidas a tomar. El único papel del juez era el de certificar que las sanciones impuestas no vulneraban ningún derecho ni libertad del acusado. Al Partido Popular le parecía que esta ley no ofrecía suficientes garantías judiciales y votó en contra en su primer trámite en el Congreso. Sólo hizo falta un pequeño cambio en la redacción de la ley para que el PP aceptase resucitarla en el Senado en forma de enmienda. El citado cambio volvía a recurrir a la figura del juez, en esta ocasión para que diese su consentimiento a la exigencia de datos a las operadoras. El hecho de que la denuncia y el propio hecho de determinar si hay falta se hace por una vía administrativa (es decir, un organismo del gobierno) y no por la vía judicial (es decir, una decisión hecha en juzgado, por jueces) conlleva que se vulnera el derecho de libertad de expresión y que la actuación del juez en todo el proceso se limita al derecho de autorizar o no aquello que la comisión determinó sin que esté realmente involucrado durante el desarrollo del proceso mismo.

Otro problema de la Ley Sinde es su origen ya que documentos de Wikileaks revelaron que se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de lobbys estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales.

El tercer gran problema de la Ley Sinde es su falta de claridad con respecto a sus límites. Gran parte de la discusión se ha centrado en la necesidad de regulaciones que impidan que, por medio del internet, algunas personas se lucren con el trabajo ajeno. El problema es que no es claro qué se penalizará y qué no.

Otro problema que emerge con fuerza es que esta ley entorpece el sector tecnológico-cultural español limitando la creación de nuevos modelos de negocio culturales basados en la Red y sus oportunidades, llegando a ralentizar el desarrollo y la innovación económico y cultural del país para proteger un tipo de industria cultural obsoleto incapaz de encontrar alternativas sostenibles, eficaces y asequibles de acuerdo con las nuevas necesidades del publico y sus usos sociales. Se considera entonces que es una ley que obedece a criterios empresariales y desatiende los derechos de los internautas.

Estos problemas han sido destacados por todos los opositores a Ley Sinde dentro de los cuales encontramos a asociaciones como FACUA, periódicos como 20minutos, partidos políticos como Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos y el Partido Pirata. Varios abogados especializados en propiedad intelectual como David Bravo, Javier de la Cueva, Carlos Sánchez Almeida y David Maeztu han expuesto también públicamente sus opiniones sobre la ley Sinde.

El grupo Hacktivistas.net, junto a la editorial Traficantes de Sueños y el periódico Diagonal, han creado el Manual de Desobediencia a la Ley Sinde, un texto que resume las posibilidades que la Red ofrece para “evitar la censura” y que quiere destacar como “esta ley nace muerta”.

También son muchos los creadores que están en contra de la ley Sinde, ya sea por considerarla insuficiente o inefectiva o innecesaria. Los autores que han alzado la voz contra la ley Sinde van desde los músicos copyleft hasta Santiago Segura, Andreu Buenafuente o Arturo Pérez-Reverte.

Figura destacada de los opositores es la de Alex de la Iglesia que, si inicialmente manifestó su apoyo a la polémica norma, tras la agitación que se produjo en Internet por su posible aprobación quiso conocer el tema más en profundidad y tras reuniones con algunas destacadas figuras de Internet para hablar sobre las oportunidades que presenta la Red manifestó su cambio de postura. Su posición lo llevó a dimitir como presidente de la Academia de Cine .

¿A favor o en contra? Reflexiones personales

El tema de los derechos de propiedad intelectual en Internet me parece delicado, complejo y muy nuevo y considero que, más allá de posiciones ideológicas y de defensa de intereses personales, pocas son las personas que pueden expresarse sobre el tema con conocimiento de causa. Sin embargo intentaré, según mi visión del mundo y las lecturas que he hecho, dar mi opinión sobre el tema, teniendo en consideración que tengo varias dudas al respecto y que mi posición quiere ser muy pragmática y poco ideológica.

Que nos guste o no, vivimos en un mundo regido por la economía de mercado en el que el dinero es la principal forma para obtener e intercambiar bienes y servicios. Sobre todo desde el estallo de la crisis mundial en 2007, es evidente que nuestro modelo económico, y social, necesita de reformas radicales que abarcan todos los sectores para garantizar a los seres humanos una vida digna y completa. Sin embargo, actualmente nos encontramos en una fase de transición en la que, aunque empiecen a emerger nuevas formas de organizar la sociedad y el trabajo y se recuperen valores fundamentales como la participación, la cooperación, la puesta en común,… que Internet ha potenciado, la estructura económica sigue obedeciendo a las leyes del mercado y, a menos de tomar decisiones radicales como por ejemplo vivir en comunas autosuficientes, todos tenemos que convivir con estas. Por estas razones creo que actualmente sigue siendo correcto pagar por la cultura. A menudo en ámbito cultural, las personas trabajan como voluntarias ya que se sabe que es un sector con poco dinero – aunque no sea verdad porque circula mucho dinero pero, como en otros sectores, siempre es una élite restringida la que se divide el pastel – y que los que quieren trabajar en cultura tienen una alta motivación personal entonces están dispuestos a aceptar sueldos muy bajos, o nulos, para poder trabajar en lo que le gusta. Me he encontrado muchas veces en esta situación y a lo largo de los años mi visión ha cambiado: si antes lo aceptaba y justificaba, ya no por que las personas que trabajan en cultura son a menudo muy preparadas, hacen lo que hacen con pasión y esto conlleva un nivel de compromiso y responsabilidad muy altas y tienen que pagar el alquiler a finales del mes como todo otro trabajador. Creo entonces que es importante atribuir un valor monetario, y no solo ideológico y simbólico, a la cultura ya que desafortunadamente es todavía un baremo importante en nuestra sociedad.

Dicho esto, creo que son una vergüenza las ganancias de algunas industrias culturales que durante años han tenido la hegemonía de sus respectivos mercados, como las major discográficas y cinematográficas estadounidenses. Considero positivamente y justas alternativas como Spotify o Netflix a través de los cuales se puede acceder a contenidos culturales de cualidad con precios asequibles.

El intento de la Ley Sinde de proteger una industria obsoleta denota el miedo al cambio, a la innovación, a una sostenibilidad  cultural real y a la pluralidad y revela la debilidad del país de resistirse a presiones comerciales y políticas exteriores. Me parece además inadmisible que un órgano administrativo cual es la nueva Comisión de Propiedad Intelectual tenga tanto poder. Dicho esto, en mi opinión en la practica esta nueva ley no tendrá ningún valor y aplicación por lo complejo que son las practicas de cierre o bloqueo, por la rapidez con la que se pueden reabrir paginas cambiando de servidor/nombre/IP, por la notoria lentitud de la burocracia comparada con la vitalidad de la Red. Así que, como dicen los de hacktivistas.com, es una ley que nace muerta.

http://cultura-abierta.blogspot.com/2011/04/semana-10-propiedad-intelectual-y.html

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